La finalidad del castigo es asegurarse de que el culpable no reincidirá en el delito.
Cesare Beccaria (1738-1794) Literato, filósofo, jurista y economista italiano.
Xalapa, Veracruz.- Mientras no se combata la impunidad, se profesionalice y depure la actuación de los cuerpos policiacos y exista un verdadero sistema de readaptación social, la aplicación de la prisión vitalicia o cadena perpetua para el delito de secuestro agravado no resolverá de fondo el grave problema del alza de la criminalidad, en tales términos, expresaron los magistrados del Tribunal Superior de Justicia en el Estado su opinión respecto a las reformas al Código Penal del Estado propuestas por el gobernador Fidel Herrera Beltrán al Congreso.
La verdad es que tienen toda la razón del mundo los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, mientras no haya una depuración del sistema policiaco, de nada servirán castigos más severos, pues estamos viendo que en muchos de los casos de secuestro los agentes de las policías federales, estatales y municipales forman parte de las bandas.
Pero también tendrían que agregar los magistrados, que de nada servirá que se pueda aplicar la cadena perpetua o prisión vitalicia, si los señores jueces van a dejar salir libres –como acaba de ocurrir recientemente- a los secuestradores o estorcionadores.
Porque entonces, lo que ocurrirá es que los delincuentes van a tener que subir sus tarifas de rescate de las víctimas, para poder pagar también ellos cantidades más altas, a quienes se prestan a dejarlos en libertad.
No es posible, que bajo el argumento de que el juez titular se fue de vacaciones y se quedó en el despacho el secretario, éste se despache con la cuchara grande y deje en libertad a los delincuentes que tanto trabajo cuesta para llevarlos a prisión tras las rejas.
Por eso deben poner atención los señores diputados a lo declarado por los magistrados Raúl de la Huerta Valdés y Gregorio Valerio Hernández quienes advirtieron que más que aumentar penas para combatir al crimen, para desincentivar la criminalidad es necesario acabar con la impunidad de la que gozan los delincuentes.
“Quebrantan la ley porque saben que no van a ser detenidos y cuando los detienen, hay una serie de deficiencias en las instituciones para hacer que paguen por su delito”, lamentó el magistrado Raúl de la Huerta Valdés.
Incluso el presidente del TSJE, Reynaldo Madruga Picazzo, confió en que los diputados locales revisen el ordenamiento constitucional antes de apresurar la aprobación de la reforma al Código Penal para la prisión vitalicia prevista para hoy jueves en sesión extraordinaria del Congreso del Estado.
“Estoy seguro de que los diputados locales harán antes un estudio a fondo para ver si es constitutivo o no de una violación a la Carta Magna”, expresó Madruga Picazzo.
Según algunos de los magistrados consultados, un problema que en cambio sí acarreará la aplicación de la pena de prisión vitalicia es la necesidad de mayores recursos económicos para mantener a los reos en las cárceles veracruzanas y el riesgo de que empeore la fama de los penales de operar como “escuelas del crimen”.
Reforma de superficie
Sin embargo, aunque en teoría el endurecimiento de las penas abatiría los índices de secuestro, magistrados consultados externaron su escepticismo ante la compleja realidad actual.
Señalaron que de no ir acompañada esta reforma penal de acciones paralelas para una reforma al sistema policial preventivo, de procuración, impartición de justicia e incluso en materia penitenciaria, la intención de las autoridades para combatir al crimen sería “un buen deseo más”.
“Mi opinión es que el agravamiento de las penas por sí mismo no hará una inhibición total de los delitos que se perpetren”, expresó el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, Reynaldo Madruga Picazzo.
El ex subprocurador de Justicia de Veracruz señaló que las reformas tienen que ser “un todo” y abarcar desde la selección y profesionalización de los cuerpos de seguridad, el mejoramiento de sus percepciones salariales de los servidores públicos, hasta la promoción de valores familiares y la educación, entre otros factores.
“El agravamiento de las sanciones debe de ir aparejada de otras medidas”, reiteró el magistrado, quien no dejó de observar la necesidad de que los legisladores locales analicen, antes de aprobar las reformas al Código Penal el próximo jueves, las disposiciones de la Constitución Política de México para evitar caer en contradicciones o absurdos, luego de que se aboliera la pena de muerte y las penas infamantes durante el pasado sexenio federal.
Entrevistado por separado, el magistrado Raúl de la Huerta Valdés coincidió con la postura de que la pena vitalicia no resolvería en automático la problemática de los secuestros en la entidad.
“Quienes estudian los fenómenos delictivos señalan que endurecer penas no necesariamente y por sí mismo abate el índice criminal.
“¿De qué sirve endurecer las penas si no se abate el fenómeno de la impunidad?”, cuestionó.
De acuerdo con De la Huerta Valdés, quien antes de ser designado magistrado en este mismo año fue abogado litigante y subprocurador de Justicia, “una persona que va a cometer un delito se detiene más por el temor de ser apresado que por temor a la severidad de la pena”.
Lamentablemente, reconoció, en México y en Veracruz la impunidad es el talón de Aquiles de la justicia.
“Según los estudiosos, apenas el cinco por ciento de los delitos que se cometen son castigados”, lo que revela una deficiencia en las mismas corporaciones policiacas, responsables de la detención de los delincuentes, y en los sistemas de procuración, impartición de justicia y ejecución de las sentencias, aseveró.
Ante ese panorama, el magistrado advirtió que urge orientar acciones para garantizar la aplicación de la ley, “más que irse sólo por el incremento de las penas”.
Gregorio Valerio Hernández es otro magistrado de la Sala Penal del TSJE que puso en duda la teoría de que el simple hecho de aumentar las penas para el caso del delito de secuestro abata el índice criminal en Veracruz.
Por esa razón, enfatizó que si la idea es disuadir a la delincuencia y combatir al crimen, “sería más importante promover acciones para hacer efectiva la persecución de los delitos, detener a los delincuentes y hacer efectiva la sanción.
“De nada sirven penas más severas si no se aprehende a los delincuentes, si cuando son detenidos no hay eficacia en la actuación del aparato de procuración ni de impartición de justicia para castigar a los delincuentes”.
Asimismo, expresó que es previsible que con la aplicación de una prisión vitalicia se compliquen las necesidades de infraestructura y de recursos de los penales veracruzanos.
Y es que mantener de por vida a un reo en el penal implicará una mayor erogación de las autoridades para el área, pero además se estaría dejando a un lado la política de readaptación social al condenar a alguien a una existencia permanente en prisión.
“Siempre he creído que las penas altas sirven para desincentivar a la delincuencia”, reconoció Valerio Hernández, sin embargo, sostuvo, “para el caso del secuestro hay una pena de hasta 70 años en el Código Penal y eso no ha evitado que se siga cometiendo el delito”.
Incluso ilustró algunos absurdos en la exagerada aplicación de la ley, pues aun cuando a un joven de 18 años se le aplicara una pena de 70 años –como es el máximo establecido por la actual legislación local– difícilmente podría vivir lo suficiente para salir de prisión.
“Aquí hay algo que debemos de observar, no se trata sólo de castigar por castigar, sino también de readaptar y si aplicamos penas largas ¿dónde queda la readaptación social?”, cuestionó el magistrado.
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