Desde hace más de cinco años Los Zetas controlan el tráfico de indocumentados en México, desde el sureste hasta el norte del país, por lo que la PGR empezó a investigar a policías municipales y estatales que entregan a los migrantes a dicha organización criminal.
Por un tiempo el negocio del ex brazo armado del cártel del Golfo se limitó al secuestro y la extorsión de familiares de las víctimas. Sin embargo, el grupo pasó a otra fase, pues decidió tomar por asalto los camiones que usa el Instituto Nacional de Migración para trasladar a los indocumentados a puestos de control para su deportación.
Ahora no sólo sacan provecho económico de este delito para financiar sus actividades delictivas, también reclutan a indocumentados y los adiestran como gatilleros para enfrentar a otras agrupaciones delictivas.
Lo anterior se desprende de las averiguaciones previas que integra el agente del Ministerio Público federal adscrito a la SIEDO.
A mediados del presente año la PGR comenzó a investigar a policías de Tierra Blanca, Veracruz, presuntamente involucrados en una red de tráfico de indocumentados, cuyas víctimas son entregadas a Los Zetas en la propia estación de policía o en casas de seguridad de esa organización criminal.
El único sobreviviente del asesinato de 72 migrantes fue internado en un hospital de Tamaulipas.
Eso motivó el arraigo de ocho uniformados de esa entidad el pasado 11 de julio, como parte de la pesquisa que se inició contra 98 policías, algunos de los cuales fueron retenidos en marzo de 2010.
En tanto, en mayo pasado se consignó a dos presuntos traficantes de indocumentados (Daniel Chávez Martínez y Jesús Alberto Jiménez Alvarado) vinculados a Los Zetas, quienes participaron en la evasión de 13 centroamericanos de la estación migratoria de Acayucan, Veracruz, el 19 de abril.
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