Al anuncio de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Veracruz, de que en cumplimiento al acuerdo de austeridad emitido por el gobernador Javier Duarte de Ochoa, recibió de las 13 dependencias estatales y 100 organismos públicos descentralizados, el proyecto de reducción del gasto corriente, con el objetivo de ahorrar 6 mil millones de pesos durante este año, debería de seguir la vigilancia en su cumplimiento.
No se trata simplemente de que las dependencias del gobierno estatal presenten una lista de los gastos que supuestamente van a reducir.
Lo recomendable sería que luego de que las 13 dependencias estatales y cien organismos descentralizados entregaron sus propuestas de ahorro en sus gastos del 25 al 30 %, se completara la medida, haciéndolas públicas mediante su publicación internet, ya sea en la página principal del portal del gobierno del estado, la Contraloría o la Secretaría de Finanzas o de las respectivas dependencias.
De esta forma, se podría hablar de una transparencia en la disminución del gasto de las dependencias estatales, de la que tanto les gusta hablar a los funcionarios en sus discursos ante la prensa.
De igual manera, si el gobierno del estado en verdad quiere ser transparente, debería de publicar también en internet, el destino que se dará a los 6 mil millones de pesos, que hasta ahora simplemente se ha dicho que sería destinado a obra pública y programas sociales, pero no se dice cuáles ni mucho menos en donde se invertirán.
Porque existe la suspicacia –diría mi abuelita Carmen- de que en realidad esos seis mil millones de pesos que se van a recortar al gasto estatal, en realidad son para cubrir los faltantes por pagar que dejó la pasada administración que encabezó Fidel Herrera Beltrán y que sólo él sabe a donde fueron a parar esos recursos multimillonarios, que ahora tienen al estado en banca rota.
Se dijo por parte de la Contraloría Estatal que ya se está recabando el padrón de deudores, para de esa forma, tener una idea del monto de lo que se debe y que el gobierno del estado tendrá que pagar. Sería muy saludable también –transparente- para decirlo en términos del discurso político, que esas listas de cobradores también se diera a conocer, para al menos tener una idea de a quiénes y porqué conceptos se les deben tantos millones.
Eso, siempre y cuando en verdad la actual administración que encabeza Javier Duarte de Ochoa, quiera ser un gobierno transparente, como suele asegurar en sus mensajes mediáticos. A menos que se diga una cosa y se haga otra.
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