Apenas unas horas después de que el contralor del estado, Iván López Fernández había anunciado que se habían detectado 16 empresas constructoras que recibieron anticipos por obras y no los habían realizado, el propio gobernador Javier Duarte de Ochoa convocó a una conferencia de prensa, para anunciar que en realidad son 156 contratistas los que se encuentran bajo investigación por un presunto fraude por más de mil millones de pesos.
Pero no solo le corrigió la plana al contralor del estado, sino que además advirtió que su gobierno actuará "con toda la firmeza y determinación, porque aquí no hay circunstancias especiales y quien esté al margen de la legalidad tendrá que asumir las consecuencias”.
Surgen varias interrogantes que hasta el momento no han tenido respuesta:
¿Porqué en unas cuantas horas se aumentó de solo 16 empresas contratistas investigadas a 156?
¿Para variar, el contralor del estado tenía la misma información y la estaba ocultando?
¿Porqué decidió el gobernador convocar a conferencia de prensa para dar a conocer lo que el contralor no había informado verazmente?
¿En verdad se va a proceder con toda firmeza contra los responsables del daño patrimonial al estado?
¿Solamente se va a castigar a los contratistas incumplidos?
¿Se va a encarcelar también a todos los funcionarios responsables de las irregularidades encontradas?
¿Se procederá en contra solamente en el caso de obras estatales o también en otros rubros?
¿La amenaza de que quien haya defraudado al estado haciendo mal uso de los recursos será sancionado, es solamente para contratistas o se va a actuar también contra el principal responsable del multimillonario desvío de recursos?
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