Detectan desvío de recursos en gobierno de Fidel Herrera y en 92 ayuntamientos

 

“La política es el arte de obtener el dinero de los ricos y el voto de los pobres con el pretexto de proteger a los unos de los otros”.

JALAPA, Ver.- El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) detectó un presunto quebranto patrimonial por más de 16 millones de pesos en la administración pública estatal y otro por 329 millones de pesos en 92 de los 212 ayuntamientos veracruzanos, durante el ejercicio fiscal de 2007.

         De acuerdo con el dictamen entregado a la Comisión de Vigilancia del Congreso local, derivado del informe de resultados de la Cuenta Pública de 2007, las secretarías de Comunicaciones y de Desarrollo Social y Medio Ambiente (Sedesma) fueron las dependencias que más daño causaron a la hacienda pública estatal.

         Según el documento, que será llevado al pleno este martes para su discusión y eventual aprobación, la Secretaría de Comunicaciones ejerció indebidamente 3 millones 303 mil pesos; la Sedesma, 2 millones 770 pesos; el Instituto Veracruzano de Desarrollo, Regional y Vivienda, 6 millones 900 mil; el Consejo Técnico del Papaloapan, 3 millones, y el Colegio de Educación Profesional Técnica, 309 mil pesos.

         También se detectó un presunto daño patrimonial por 4 millones 272 mil pesos en la Comisión de Agua y Saneamiento de Fortín de la Flores y en el Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano de Veracruz, Boca del Río y Medellín, por 636 mil 100 pesos.

         En tanto, en los institutos Electoral Veracruzano y el Veracruzano de Acceso a la Información, La Universidad Veracruzana y el Poder Judicial, se detectaron inconsistencias que dan a lugar a probable responsabilidad administrativa de carácter disciplinario a cargo de los servidores públicos.

         Ante ello, según el dictamen de la Comisión de Vigilancia, se ordenará al Orfis iniciar la fase de determinación de responsabilidades y fincamiento de indemnización y sanciones ante la Procuraduría General de Justicia del Estado contra los presuntos responsables del daño cometido a la hacienda pública, cuya conducta implica irregularidad o ilicitud en el ejercicio de los recursos públicos.

         Respecto de la revisión de las cuentas públicas de los ayuntamientos veracruzanos del mismo ejercicio fiscal 2007, el documento señala que 92 de los 212 incurrieron en irregularidades financieras y, en consecuencia, en presunto daño patrimonial, que asciende a 392 millones 275 mil 900 pesos en total.

En la lista están el ayuntamiento de Agua Dulce, con 9 millones de pesos; Alvarado, un millón 120 mil pesos; Altotonga, 5 millones 885 mil 500 pesos; Amatitlán, 4 millones 70 mil pesos; Ángel R. Cabada, 3 millones 199 mil; La Antigua, 6 millones 646 mil; Atlahuilco, 4 millones 343 mil, y Ayahualulco, 2 millones 302 mil pesos.

También están Boca del Río, con 10 millones 839 mil pesos; Las Choapas, con 11 millones 923 mil; Cosoleacaque, con 8 millones 354 mil; San Andrés Tuxtla, con 14 millones 927 mil; Benito Juárez, con 3 millones; Camerino Z. Mendoza, con 3 millones 919 mil; Catemaco, con 7 millones; Jáltipan, con un millón 273 mil; Nanchital, con 8 millones, y Martínez de la Torre, con un millón 35 mil 400 pesos, entre otros.

El dictamen señala que, en el caso del Poder Ejecutivo, en 27 entidades centralizadas y entidades paraestatales no se detectaron inconsistencias. En cambio, expuso, en 69 dependencias y entidades si hubo inconsistencias de tipo administrativo por parte de la Contraloría del Estado y demás órganos de control interno competente que no implican daño patrimonial.

Además, refiere que en la revisión de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2007 se detectó en los ayuntamientos y entidades paramunicipales un total de 10 mil 515 irregularidades e inconsistencias. De estas, 9 mil 158 corresponden a municipios y 118 a entidades paramunicipales, que dan lugar a posible responsabilidad de carácter disciplinario.

En el caso del Poder Judicial, la Universidad Veracruzana, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y el Instituto Electoral Veracruzano, explica, no hay irregularidades que hagan presumir la existencia de responsabilidad administrativa de carácter resarcitorio, pero si dan lugar a probable responsabilidad administrativo de carácter disciplinario.

En tanto, señala, en la Comisión de Derechos Humanos no se presentaron irregularidades que hagan presumir la existencia de responsabilidad administrativa de carácter resarcitorio o disciplinario. Lo mismo ocurrió en el Poder Legislativo, donde sólo se encontraron inconsistencias administrativas no graves.