Al menos 80 alcaldes de cuatro estados de México han denunciado haber sido víctimas de extorsiones por parte de narcotraficantes, quienes piden "dinero para la guerra" a cambio de no asesinar a civiles.
Los más afectados son los regidores de los estados de México, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz, a quienes les han exigido pagar hasta 30.000 dólares (23.600 euros) bajo amenaza de muerte.
Las víctimas aseguran que reciben una llamada a sus teléfonos personales o de sus colaboradores, con un mensaje de advertencia en el que primero se identifican como miembros de un determinado cártel de la droga que está llegando a su municipio. "Queremos dejar al alcalde en paz y no tener problemas con ustedes", aclaran los extorsionadores.
Finalmente, le piden la suma de dinero que necesitan a cambio de no atentar contra su vida. "Necesitamos dinero para la guerra que llegamos a librar en su territorio, necesitamos financiarnos, (pero) queremos dejarte trabajar en paz", dicen los criminales, según las versiones de los alcaldes.
Un regidor que se abstuvo de revelar su nombre relató al rotativo que Joaquín Guzmán Loera, alias 'el Chapo Guzmán', uno de los criminales más buscados de México y Estados Unidos, llegó a la localidad y le pidió que le diera dinero "para la causa". En este caso hablaba de la lucha armada que iban a emprender contra la banda Los Zetas.
Los delincuentes dan un plazo de una hora para depositar el dinero en una sucursal de la cadena de tiendas Elektra, señalan algunos de los funcionarios consultados quienes confesaron haber utilizado recursos públicos para pagar las extorsiones.
En caso de que el alcalde se niegue a pagar, los extorsionadores comienzan una ola de amenazas personales, contra la familia, los funcionarios, colaboradores y habitantes de la localidad.
EN AUGE
El presidente de
"He recibido comentarios de alcaldes de Acción Nacional y de alcaldes de otros partidos que han sido víctimas de extorsiones", comentó Calderón, al confirmar que al menos 80 funcionarios han sido víctimas de esta situación.
Sin embargo, los ediles aseguran que los criminales no distinguen de grupo político porque han amenazado también a personas vinculadas con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y al Partido de
Por su parte, el comisionado de
El cobro de cuotas, también conocido como el "derecho de piso", ha sido una de las prácticas más utilizadas por los delincuentes para sacarle dinero a los empresarios, profesionales, comerciantes y funcionarios.
Esta modalidad es considerada ya un asunto de prioridad nacional para el Gobierno del presidente mexicano, Felipe Calderón, porque estas personas pagan un monto fijo cada cierto tiempo de que el crimen organizado no les haga daño.
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