“Una nación sin elecciones libres, es una nación sin voz, sin ojos y sin brazos.”
PAZ, Octavio
Xalapa, Veracruz.- Mediante el uso aplastante de la mayoría priísta en el Congreso Estatal, fueron aprobados cambios al Código Electoral vigente, para acomodarlo a su favor en las elecciones del año entrante, fueron borrados 51 artículos y se disminuyó el número de candidaturas para mujeres.
Como era de esperarse, la oposición en el Congreso local reprobó la nueva reforma electoral --propuesta por el gobernador Fidel Herrera-- avalada este día por la mayoría priista.
Los grupos legislativos de PAN, PRD, Convergencia y PT coincidieron en calificar la iniciativa de "involutiva" a los avances alcanzados en la legislación vigente y que será derogada con el nuevo marco legal.
Sin embargo, los argumentos de la oposición no sensibilizaron a la bancada del Revolucionario Institucional, que terminó aplicando su mayoría y aprobando la reforma con 32 votos, incluidos los del Partido Revolucionario Veracruzano (PRV) y el del llamado diputado independiente Renato Tronco.
Y es que según la oposición, de un "plumazo" se eliminaron 51 artículos del Código Electoral vigente, entre ellos una reducción en el porcentaje de candidaturas que se asignaba a las mujeres, que de 60-40 pasó a 70-30 del listado.
"No hay equidad de género y ello constituye una regresión; no sólo es un paso, sino cientos de pasos atrás", criticó la perredista Margarita Guillaumín, quien exigió a los priistas devolverles a las mujeres su representación en los órganos electorales.
La oposición también cuestionó se haya suprimido la prohibición para que el gobernador, sus secretarios de despacho, alcaldes, síndicos y regidores y cualquier otra autoridad entregarán obra pública y apoyos de los programas sociales en periodos de campañas electorales.
"No levanten la prohibición que hoy existe en el Código Electoral", reclamó el PRD al considerar que dicha medida se convierte en una reproducción más de "ese lastre tan pesado, de ese fenómeno tan vergonzoso, tan indigno que es el clientelismo electoral".
El 14 de noviembre, recordó el panista Tito Delfín, se publicó en la Gaceta Oficial el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución de Veracruz en materia electoral, que obliga a adecuar la ley reglamentaria en la materia.
En ese dictamen, donde no se incluyó la iniciativa del PAN, no se consideraron los requisitos relativos para que los servidores públicos en ejercicio de su autoridad no puedan ser consejeros electorales, a menos que se haya separado de su encargo 90 días antes de su designación.
Tampoco, explicó, se previó la modificación de los plazos del proceso electoral. Además, no se incorporaron "las causales de nulidad genérica de elección, que deberían prevalecer con la intención de conservar los actos válidamente celebrados, sobre todo, el principio de legalidad".
Además, subrayó, se suprimieron diversas conductas ilícitas y que daban origen a procedimientos sancionadores, es decir, "el procedimiento sancionador ordinario; procedimientos especial sancionador, y en materia de quejas sobre financiamiento y gasto de los partidos políticos".
Por ello "denunciamos que el grupo mayoritario del PRI con este nuevo Código hace presuponer el intento de realizar una elección y un proceso electoral a modo en 2010, mediante un doble discurso y diversos fraudes a le ley".
En tanto, el convergente Alfredo Tress Jiménez se quejo también de la premura para aprobar dicha ley, ya que apenas el 27 de noviembre llegó al Congreso la iniciativa de Herrera Beltrán, "eliminando de un plumazo casi en su totalidad 51 artículos de la ley electoral vigente".
En la propuesta de Herrera Beltrán, refirió, se restringen los derechos adquiridos por las asociaciones políticas estatales; se trastoca el derecho de los partidos a coaligarse; se legaliza la figura del 'capacitador-asistente electoral' tradicionalmente cuestionado, y se les dan más facultades a los observadores.
También, dijo, se suprime la obligación de los observadores para declarar ante la autoridad electoral el origen, monto y aplicación del financiamiento que obtengan para el desarrollo de sus actividades.
